Le exigen a Cornejo que garantice la seguridad de quienes se movilizan por el agua

Más de 600 organizaciones de derechos humanos, sociales, académicas, científicas, de base territoriales, ambientales y personas de todo el país de Latinoamérica presentaron una Nota Urgente de Solicitud de Garantías ante el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé.

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El escrito se presentó tras el rechazo del hábeas corpus preventivo colectivo (HC-1849/25) interpuesto en favor de los manifestantes defensores del agua.

“Las organizaciones firmantes exigen la adopción de medidas concretas para garantizar la libertad ambulatoria, la integridad personal y el derecho a la protesta y movilización en defensa del agua”, expresaron los firmantes.

A través de un comunicado, los manifestantes remarcaron que “las autoridades tienen la obligación de ejercer el Control de Convencionalidad Ex Officio sobre ‘toda práctica contraria’ al bloque constitucional y convencional de derechos humanos. Entre ellos deben aplicar el Acuerdo de Escazú de Protección de defensores y defensoras ambientales”.

En este sentido, expresaron que “se exige que se dejen sin efecto las amenazas concretas de restricciones anticipadas, como la limitación a un ‘corralito’ en Plaza Independencia y la aplicación de la flagrancia a quienes ‘corten calles’ y eviten discurso de odio y se abstengan de ordenar, ejecutar o promover prácticas ilegales de disciplinamiento, hostigamiento contra la población”.

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En este punto, los ciudadanos hacen un “llamado a los Estados para asegurar espacios cívicos abiertos y libres de amedrentamiento, a fin de garantizar y respetar los derechos humanos”.

“Las y los firmantes advierten que estas prácticas, junto con los antecedentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, comprometen la responsabilidad internacional del Estado y las y los funcionarios que dicten, ordenen, ejecuten protocolos inconvencionales y contrarios a los estándares de derechos humanos”, sentenciaron.

Las organizaciones firmantes precisaron que “continuarán recurriendo a todos los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para la protección de los derechos de las comunidades y defensoras/es del agua en Mendoza”.