Mendoza refuerza el control ambiental y operativo en canteras y plantas de áridos

La provincia de Mendoza avanza en la supervisión y regulación de la actividad minera con una nueva normativa destinada a ordenar el funcionamiento de canteras y plantas de tratamiento de minerales. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui, presentaron la reciente resolución reglamentaria que establece los lineamientos para la presentación y aprobación del Informe de Partida por parte de los titulares de minas de tercera categoría y plantas de beneficio de minerales.

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Acompañadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal; el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández; y el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, las autoridades explicaron cómo este nuevo esquema garantizará una mayor transparencia en la explotación minera.

Una política para ordenar la actividad minera

Durante la presentación, la ministra Latorre subrayó la necesidad de establecer un control estricto sobre la actividad minera, asegurando que las operaciones se desarrollen dentro del marco legal y ambiental correspondiente. "Queremos promover la minería de manera sostenible, pero también asegurar que todas las empresas cumplan con sus obligaciones. La regularización es un paso clave para el desarrollo ordenado del sector", afirmó.

Por su parte, la subsecretaria Badui destacó que la medida busca evitar impactos negativos en la infraestructura pública, poniendo énfasis en la regulación de los camiones de carga y en el control de los insumos utilizados en la construcción de obras esenciales para la comunidad.

Detalles de la normativa

La resolución está dirigida a titulares de minas de tercera categoría y plantas de procesamiento que aún no cuenten con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada o tengan su trámite en curso. Entre las obligaciones establecidas, se encuentra la presentación de un Informe de Partida que deberá incluir detalles sobre la operación, el estado actual del yacimiento y la evaluación de los impactos ambientales.

El director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, explicó que las empresas también deberán presentar un Plan de Remediación y Recomposición Ambiental con metas claras y un cronograma de acción. "Queremos garantizar que la actividad minera no genere daños irreversibles y que se tomen medidas concretas para mitigar cualquier impacto", sostuvo.

Los operadores tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación, que deberá ser remitida digitalmente a la Dirección de Minería. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones que podrían incluir la suspensión o el cierre inmediato de la explotación, según lo estipulado en la Ley Nº 9529.

Supervisión y fiscalización

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, la Policía Ambiental Minera realizará inspecciones periódicas en los yacimientos, verificando que se implementen las medidas establecidas en los informes aprobados. Además, se establecerá un Registro de Infractores y se actualizará el monto de las multas aplicables a quienes incumplan las disposiciones.

Otro aspecto relevante de la resolución es la modernización del sistema de control de transporte de minerales, lo que permitirá una mejor fiscalización del peso de los camiones y de la trazabilidad de los productos extraídos. Esto contribuirá a reducir el desgaste de rutas y mejorar la seguridad vial en la provincia.

Impacto en la infraestructura y el medio ambiente

Una de las zonas prioritarias de acción será Campo Cacheuta, donde se implementarán medidas para mitigar el deterioro de los cauces hídricos producto de extracciones no reguladas. Según detalló el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, se realizará un seguimiento específico de los arroyos afectados para restaurar su curso natural.

Además, el Gobierno provincial buscará reducir los costos administrativos para los productores mineros, incentivando la inversión en tecnologías de seguridad y en la regularización de sus informes ambientales.

Un paso clave para la minería responsable

Con esta iniciativa, Mendoza da un paso fundamental hacia una minería más controlada y sostenible. Entre los objetivos principales se encuentran:

• Formalizar la actividad de canteras y plantas de áridos.
• Garantizar la correcta trazabilidad de los minerales extraídos y transportados.
• Proteger los recursos hídricos y minimizar el impacto ambiental.
• Controlar el peso de los camiones para evitar el deterioro de las rutas.
• Agilizar los procesos administrativos y mejorar la fiscalización.

La aplicación de esta normativa estará a cargo de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, asegurando un control efectivo y la implementación de políticas mineras responsables en la provincia. Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar el desarrollo económico con la preservación del entorno natural, generando un modelo de minería más sustentable y regulado.