La Legislatura recibió el proyecto de ley para transformar la gestión de residuos

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una normativa clave para actualizar, modernizar y ordenar el sistema de residuos urbanos con políticas de sostenibilidad, salud pública, inclusión social y equidad territorial.

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“Este es un hito ambiental para Mendoza, pero también es una oportunidad para hablar del futuro. Va a ser un arduo trabajo, pero absolutamente necesario para modernizar y ordenar cómo tratamos nuestros residuos”, dijo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, al ingresar el proyecto por Mesa de Entradas del Senado de Mendoza junto a la vicegobernadora, Hebe Casado, y la senadora provincial, Yamel Ases.

Latorre explicó que la norma es el resultado de un año de trabajo territorial con los 18 departamentos de la provincia: “Esto no es un trabajo burocrático ni de escritorio. Es fruto de la consulta directa con los equipos de ambiente. Actualizamos el diagnóstico de situación y adaptamos el plan a las realidades actuales: desde el crecimiento demográfico hasta los desafíos en ordenamiento territorial e inversión en infraestructura”.

El proyecto propone la creación de un Sistema Provincial de Residuos, articulado con todos los departamentos, con principios rectores claros, competencias definidas, estándares mínimos garantizados, herramientas de planificación regional y mecanismos de control, sanción y participación ciudadana.

Además, promueve la educación ambiental para todos los ciudadanos y la participación comunitaria, tanto en campañas permanentes como en el diseño de políticas locales.

El proyecto parte de la base que la gestión de residuos sólidos urbanos es una política pública estratégica con múltiples dimensiones: ambiental, al reducir la contaminación del suelo, aire y agua; sanitaria, al disminuir vectores de enfermedades; económica, al reducir costos municipales y de tratamiento final seguro; social al integrar la responsabilidad de generación e inclusión a diferentes actores; recuperadores urbanos, cooperativas y centros ambientales.

Por eso, la ley promueve el cierre de basurales a cielo abierto, como ocurrió con Guaymallén; el fortalecimiento de la economía circular, la separación en origen, la educación ambiental y la trazabilidad de todo el proceso, desde la generación, transporte y disposición final.

Uno de los ejes fundamentales del proyecto es la regionalización de la gestión de residuos, dividiendo la provincia en cuatro zonas: Metropolitana, Este, Centro y Sur. Se establecen las figuras de Agentes de Gestión, que permitirá a los municipios organizarse en regiones funcionales para optimizar recursos y coordinar acciones.

Cada municipio deberá elaborar su Plan Municipal de Residuos (PMGIRSU), alineado con el Plan Provincial, incluyendo diagnósticos técnicos, propuestas de remediación de basurales, inclusión social, educación ambiental, infraestructura proyectada, matriz de costos y metas progresivas.

La iniciativa deroga la Ley Provincial 5970 y se articula con la Ley Nacional General del Ambiente 25675, la Ley Nacional 25916 sobre residuos domiciliarios y la Ley Provincial 5961.