Buscan impulsar un sistema de radares y fotomultas para reducir los accidentes viales
El proyecto de ley busca establecer un régimen de control con criterios de transparencia, y destinar los fondos recaudados a infraestructura y educación vial.
La diputada provincial Cintia Gómez, representante de La Unión Mendocina, presentó un proyecto de ley que propone implementar un régimen de control de infracciones de tránsito a través del uso de radares y fotomultas, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reducir la tasa de mortalidad por accidentes en la provincia de Mendoza.
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La propuesta, que ya ingresó a la Legislatura, plantea un sistema que respete los principios de transparencia, legalidad, publicidad y educación vial, e incluye una serie de disposiciones específicas para garantizar su correcto funcionamiento y legitimidad ante la ciudadanía.
“La implementación de este sistema deberá estar al servicio de la vida y de la seguridad de todos los que usamos la vía pública: conductores, peatones y ciclistas”, explicó Gómez, quien también subrayó que los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura vial, señalización, mantenimiento de rutas y campañas de concientización.
El proyecto establece además que toda la recaudación obtenida a través del sistema deberá ser informada anualmente al Poder Legislativo y publicada en el Boletín Oficial, garantizando así el control institucional y el acceso público a los datos.
En cuanto a la implementación concreta, la normativa prevé que todo punto de control deberá estar debidamente señalizado con una antelación mínima de 300 metros, con cartelería visible tanto de día como de noche. Asimismo, la notificación al infractor deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles, enviándose a su domicilio legal.
Otro aspecto destacado del proyecto es que se prohíbe expresamente la tercerización del cobro de multas: ninguna empresa privada ni entidad ajena al Estado podrá gestionar o administrar las sanciones económicas. De esta forma, la recaudación queda bajo el control exclusivo del Gobierno de Mendoza.
