El Partido Verde celebró la medida que frena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad
El fallo declara ilegal el decreto que pretendía desmantelar el organismo. Vadillo advirtió que eliminarlo pondría en riesgo la vida de millones de personas.
La Justicia federal suspendió este miércoles la aplicación del Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La decisión fue tomada por la jueza Martina Forns, tras una medida cautelar que impide cualquier modificación estructural, traslados o cesantías en el organismo.
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Desde el Partido Verde celebraron el fallo como un freno a lo que consideran un intento de desmantelar una estructura técnica esencial para la seguridad vial del país. Su presidente, Mario Vadillo, fue tajante: “No se toca lo que protege vidas. Vialidad Nacional no es una caja ni un obstáculo ideológico: es un engranaje fundamental del Estado”.
La magistrada argumentó que el decreto del Poder Ejecutivo es ilegal, ya que la DNV es un ente autárquico protegido por el artículo 8 de la Ley 24.156, y su disolución no puede realizarse por vía administrativa. Además, remarcó que el intento de suprimir el organismo vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución y por convenios internacionales.
“El decreto pretendía disfrazar un recorte brutal con una redacción elegante, pero la jueza no se dejó engañar”, sostuvo Vadillo. Y agregó: “La estabilidad laboral no es negociable. Está protegida por ley”.
El dirigente también advirtió que el cierre de Vialidad dejaría a todo el país sin planificación técnica, mantenimiento, señalización y control de calidad de rutas. “Sin Vialidad, lo que viene es el abandono, más accidentes y más muertes”, enfatizó.
El fallo también destaca que la decisión de suspender el decreto tiene como objetivo proteger no solo a los trabajadores del organismo, sino también a los millones de usuarios que transitan las rutas argentinas a diario. Según Forns, la desaparición de Vialidad comprometería la seguridad pública y afectaría la capacidad del Estado para garantizar infraestructura vial adecuada.
Desde el Partido Verde consideraron que la resolución judicial representa una “victoria del sentido común, la Constitución y los derechos laborales”, y reiteraron su rechazo a los recortes que afectan funciones críticas del Estado.
