Un proyecto busca frenar denuncias falsas y fortalecer el proceso penal en Mendoza

La diputada provincial Sol Salinas presentó un proyecto de ley que apunta a prevenir denuncias falsas en Mendoza y reforzar la legitimidad del proceso penal. La propuesta plantea reformas al Código Procesal Penal (Ley N° 6730) con el objetivo de fortalecer la responsabilidad procesal, brindar garantías y evitar que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de daño ilegítimo.

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Según los fundamentos, la iniciativa responde a una problemática cada vez más visible en tribunales: el uso fraudulento de las denuncias en disputas familiares, patrimoniales, laborales, rupturas sentimentales, peleas por la tenencia de hijos o incluso como estrategia de desprestigio político y empresarial.

“Con esta reforma buscamos que la Justicia no se desentienda de los casos en los que queda demostrado que nunca existió delito o participación de la persona imputada. El Estado debe analizar si corresponde investigar penalmente a quien originó la causa de manera dolosa”, explicó Salinas.

Los principales ejes del proyecto

El texto incorpora tres mecanismos centrales para combatir las denuncias infundadas:

• Advertencia legal obligatoria: toda persona que realice una denuncia será informada expresamente sobre las consecuencias de formularla de manera falsa, conforme al artículo 245 del Código Penal.
• Compulsas judiciales fundadas: cuando un juez dicte sobreseimiento o absolución por inexistencia del hecho o falta de participación del imputado, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para evaluar una posible investigación.
• Solicitud de la persona afectada: si el juez no remite la compulsa, el propio damnificado podrá requerirla como herramienta mínima de reparación institucional.

Equilibrio y protección a las víctimas

La propuesta no crea nuevos delitos ni modifica los estándares de prueba. Tampoco habilita compulsas automáticas: la decisión quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, en el marco del principio acusatorio.

Además, contempla criterios compatibles con la jurisprudencia nacional e internacional, incluyendo lineamientos de la Convención de Belém do Pará, que señalan que el mal uso del sistema penal puede constituir violencia institucional.

“La idea no es desalentar denuncias legítimas, sino fortalecer la confianza en la Justicia, evitar abusos y proteger tanto a las víctimas reales como a las personas injustamente señaladas”, subrayó la legisladora.

Un segundo proyecto complementario

Junto con esta iniciativa, Salinas presentó otro proyecto de ley que busca mejorar la designación y control de peritos psicólogos y psiquiatras en causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual y violencia de género.

Los puntos clave de esta segunda propuesta son:

• Registro Especial de Peritos: administrado por la Suprema Corte, con participación del Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Psicólogos. La designación se hará por sorteo de ternas.
• Guardias rotativas: para garantizar disponibilidad permanente de peritos en casos urgentes, especialmente con personas privadas de la libertad.
• Plazos y sanciones claras: aceptación del cargo en 48 horas, entrega de informes en 10 días hábiles y sanciones por incumplimiento que van desde suspensiones hasta la exclusión definitiva del registro.