Desestiman millonaria demanda de Ricardo Mansur contra AYSAM y el Estado provincial

En un fallo que pone fin a un largo litigio, la Justicia de Mendoza rechazó la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la empresa Bodegas y Viñedos Naser Mansur SA, cuyo presidente es el actual intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur. La denuncia había sido emitida contra la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) y el Gobierno provincial.

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La demanda, que reclamaba una indemnización de más de 115 millones de pesos y 172 mil dólares, se basaba en la premisa de que la ampliación del Establecimiento Depurador Rivadavia – Etapa II, a cargo de AYSAM, había provocado daños irreparables al patrimonio de la bodega. Específicamente, sostenía que la tala de un cerco de álamos, que servía como barrera protectora, había expuesto la propiedad a gases y olores insoportables, impidiendo su actividad comercial.

La Bodega Naser Mansur, ubicada en el departamento de Junín, alegó que la ampliación de la planta depuradora en 2018 causó la destrucción de un bosque de álamos, permitiendo que los olores afectaran la calidad del aire en la finca y bodega. Como consecuencia, la firma habría sufrido la rescisión de un contrato de alquiler en 2021 y la frustración de una posible nueva locación, además de la devaluación del inmueble.

El tribunal, al analizar la prueba presentada, desestimó en primer lugar la defensa de prescripción. La sentencia concluyó que la “toma de conocimiento del daño” no se produjo con el inicio de la obra o la tala de los árboles, sino en el momento concreto en que el perjuicio se hizo tangible para la bodega: la rescisión del contrato de alquiler en febrero de 2021. Al haberse iniciado la demanda en 2023, se consideró que el plazo de tres años establecido por el Código Civil y Comercial no había transcurrido.

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La sentencia concluyó que, con la prueba aportada, no era posible establecer una relación de causalidad “adecuada y directa” entre la acción u omisión del Estado y los daños reclamados por la bodega. Si bien existía una coincidencia temporal, las pericias y la inspección judicial no lograron demostrar que los olores fueran de una magnitud que justificara la “pérdida total” del establecimiento.

Por estas razones, el tribunal rechazó íntegramente la demanda y, conforme a la ley, impuso las costas del juicio a la parte actora. Adicionalmente, se rechazó un incidente de tacha de testigo planteado por la actora, también con imposición de costas