Vadillo denunció que en la Isla del Río Diamante llevan más de 25 días sin agua potable

El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, denunció este domingo la grave situación que atraviesan los vecinos de la Isla del Río Diamante, en San Rafael, donde más de tres mil familias llevan más de 25 días sin acceso a agua potable. La crisis se originó por la quiebra de la Unión Vecinal que prestaba el servicio y, según advirtió, por la inacción del Estado provincial.

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“Esto no es una sequía ni una catástrofe natural, es abandono político. El agua potable es un derecho humano básico y un servicio público esencial, y hoy en San Rafael hay familias enteras condenadas a sobrevivir con agua de acequia porque el Gobierno decidió mirar para otro lado”, expresó Vadillo.

El dirigente explicó que la Unión Vecinal responsable de administrar el servicio “se convirtió en una estructura sin control, con más deudas que recursos y miles de conexiones clandestinas sin regularizar”. En esa línea, afirmó que “el Estado provincial delegó sin fiscalizar y ahora se desentiende del desastre”.

Vadillo criticó con dureza la respuesta oficial: “Lo más grave es que, en lugar de mandar camiones cisterna o intervenir como lo manda la ley, mandaron 150 policías y un dron para reprimir a los vecinos que protestan en la ruta. Es un escándalo”.

El referente del Frente Verde recordó que la Ley Provincial N.º 6044 y el Decreto 1680/2024 establecen que el agua potable es un servicio público bajo control estatal, y que la autoridad de aplicación -DIRCAS, dependiente de Irrigación- tiene la obligación de intervenir en estos casos. “La ley es clara: DIRCAS debe designar un interventor, transferir el servicio a AYSAM o garantizar el abastecimiento de emergencia. Nada de eso se hizo. Hoy el Estado está incumpliendo su propia ley”, enfatizó.

El candidato advirtió además sobre las consecuencias sanitarias que sufren las familias: “Niños, adultos mayores y personas con discapacidad están tomando agua contaminada porque el Estado abandonó su responsabilidad. Esto no es un problema administrativo, es un atentado contra la dignidad de la gente”.

Asimismo, rechazó los argumentos oficiales que responsabilizan a los vecinos por supuestos impagos: “Ese discurso es falaz. La gran mayoría está al día. Y para quienes no pueden pagar, existe la tarifa social. Usar la excusa de los colgados para justificar el abandono es revictimizar a quienes hoy sufren sin agua”.

Por último, Vadillo reclamó medidas urgentes: “Exigimos que DIRCAS intervenga ya, que el Gobierno mande agua de emergencia y que se restituya el servicio de manera permanente bajo un esquema transparente y viable. El agua no es un club de barrio que se sostiene a la gorra, es un derecho humano. Y un Estado que no garantiza agua potable es un Estado que ha decidido abandonar a su gente”.