El Senado aprobó la reforma del Estatuto del Empleado Público
La votación resultó empatada con 19 votos afirmativos y negativos. La vicegobernadora Hebe Casado tuvo que desempatar.
Este martes, el Senado de Mendoza aprobó la reforma parcial del Estatuto General del Empleado Público, vigente desde 1973, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
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La votación resultó empatada con 19 votos afirmativos y 19 negativos, por lo que tuvo que desempatar la vicegobernadora Hebe Casado, quien votó a favor de la propuesta impulsada por el Gobierno provincial. Con esta aprobación definitiva, la iniciativa deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia.
La propuesta del Gobierno provincial se fundamenta en la necesidad de actualizar un marco legal que lleva más de cinco décadas sin modificaciones sustanciales. Según se explicó, las transformaciones que se produjeron en áreas como salud, educación y seguridad, sumadas a la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y de la Corte Suprema de la Nación, generaron superposiciones normativas e interpretaciones divergentes que tornaban imprescindible una adecuación.
La reforma tiene como objetivo actualizar, clarificar y ordenar una norma con más de 50 años de vigencia, frente a lo que consideró interpretaciones erróneas o incluso intentos de desinformación.
El Estatuto regirá para los tres poderes del Estado, los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, quedando fuera de su alcance policías, docentes, personal de salud y municipales, que poseen estatutos propios. De esta manera, el proyecto apunta a resolver discusiones históricas sobre el alcance de la norma y a evitar duplicidades normativas.
La reforma incorpora la figura del personal interino dentro de un marco regulatorio específico, reforzando la protección de quienes acceden a cargos vacantes en la planta permanente hasta la realización de los concursos correspondientes. Destacó que los agentes que han concursado y accedido a la planta efectiva mantienen la estabilidad propia, mientras que los interinos cuentan con una estabilidad condicionada, garantizada hasta tanto se sustancie el proceso concursal.
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También se aclaró que la reforma no crea cargos nuevos ni implica erogaciones adicionales, ya que no se trata de una ley de presupuesto, sino de una norma aclaratoria. Además, se destacó que se equipara el régimen de indemnización a lo dispuesto en otros estatutos, fijando un criterio uniforme equivalente a un año de remuneración por cada año de servicio, con un plazo máximo de 30 días para su pago.
En cuanto al régimen disciplinario, se indicó que se fortalece el derecho de defensa en los casos de sanciones graves como cesantías o exoneraciones, pero que se evita la judicialización de faltas menores -como apercibimientos o suspensiones leves- que hasta ahora saturaban al sistema. También se señaló que se actualizan las reglas de reincorporación, con el objetivo de proteger a quienes desarrollan su carrera en el Estado con esfuerzo e idoneidad, al mismo tiempo que se ponen límites claros frente a situaciones de abuso.
