Reforma al Estatuto del Empleado Público: el rechazo del PJ y las críticas a la medida
El bloque de senadores del PJ cuestionó la reforma impulsada por el oficialismo, considerando que pone en riesgo los derechos laborales de los trabajadores estatales.
Este martes, la Cámara Alta aprobó la reforma al Estatuto del Empleado Público, con el voto de desempate de la vicegobernadora Hebe Casado. La modificación al Estatuto fue calificada por el Justicialismo como un retroceso en los derechos laborales y un reflejo más de la política de concentración de poder que lleva adelante el gobernador Alfredo Cornejo.
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La senadora Adriana Cano, quien lideró las críticas desde el bloque opositor, cuestionó duramente la medida: "¿De qué modernización hablan si lo único que hacen es pisotear derechos reconocidos y avalados incluso por convenios internacionales?", expresó. Según Cano, la reforma no contribuye a la mejora del Estado, sino que lo "precariza" y lo vuelve "más ineficaz".
La legisladora recordó la promesa de Cornejo en 2016 de implementar concursos para transparentar el ingreso a la administración pública, pero lamentó que, en ocho años, solo se hayan realizado 87 concursos de más de 100.000 empleados. "De aquel anuncio rimbombante solo quedó propaganda", indicó, señalando que la administración actual ha preferido sumar cargos políticos a dedo y vaciar los espacios paritarios, en lugar de promover la transparencia y la calidad de los servicios públicos.
Cano también remarcó que la reforma viola principios básicos del derecho laboral, como la estabilidad y la continuidad en el empleo, lo que, según advirtió, podría generar una alta judicialización y un costo económico millonario para la provincia. "Este proyecto es un claro ejemplo del fin de un ciclo, donde el gobernador se preocupa más por ahorrar millones en bicicleta financiera mientras la infraestructura pública se cae a pedazos y los servicios esenciales, como la salud y la educación, se ven gravemente afectados", sentenció.
Además, Cano alertó sobre el impacto directo de la precarización del empleo público en los servicios esenciales. "En Mendoza faltan médicos y docentes, se cierran centros de salud y las escuelas se caen a pedazos. Hoy, un 45% de los médicos que realizaron su residencia en la provincia decide irse porque los salarios son de miseria", agregó la senadora.
