Vadillo advirtió que el nuevo esquema de subsidios marca el fin de la ayuda estatal en luz y gas

El abogado especialista en defensa del consumidor y dirigente del Partido Verde, Mario Vadillo, cuestionó con dureza el nuevo esquema de subsidios energéticos implementado por el Gobierno nacional y aseguró que “lo que se presenta como una reorganización técnica es, en realidad, una exclusión masiva de usuarios del sistema de subsidios de electricidad y gas”.

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El nuevo régimen, denominado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), fue creado por el Decreto N.º 943/2025 y reglamentado por la Resolución N.º 13/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, dejando sin efecto el anterior esquema de segmentación RASE.

“Con este sistema se firmó el certificado de defunción de los subsidios energéticos. Para millones de hogares, la ayuda estatal directamente desaparece”, afirmó Vadillo.

Según explicó el abogado, el régimen anterior reconocía distintos niveles de protección según ingresos (N1, N2 y N3) y permitía cierta gradualidad. El nuevo esquema, en cambio, es binario.

“Ahora es todo o nada. O entrás en el subsidio, o quedás completamente afuera. Y aun los que entran solo reciben ayuda hasta un tope de consumo irrealmente bajo”, señaló.

Topes de consumo

La reglamentación fija límites estrictos de consumo subsidiado:

Electricidad

• Hasta 300 kWh mensuales en gran parte del país.
• 370 kWh en zonas cálidas.
• 550 kWh en zonas muy cálidas.

 Gas natural: se mantienen bloques máximos por categoría y subzona, pero todo excedente se factura a tarifa plena.

Estos valores fueron definidos por la Secretaría de Energía en cumplimiento del Decreto 943/2025 y aplicados por ENRE, ENARGAS y las distribuidoras.

“Una familia común, que trabaja desde su casa, estudia, tiene climatización básica y electrodomésticos normales, queda automáticamente fuera del subsidio aunque no sea rica ni tenga capacidad real de pago”, advirtió Vadillo.

Exclusión por patrimonio y discrecionalidad estatal

El RESEF incorpora además criterios automáticos de exclusión patrimonial, denominados “indicadores de exteriorización de capacidad económica”. Entre ellos, la tenencia de determinados bienes -como un vehículo relativamente nuevo-puede ser causal de rechazo, aun cuando los ingresos sean bajos.

“El subsidio deja de basarse en la necesidad y pasa a depender de presunciones patrimoniales definidas discrecionalmente por la autoridad de aplicación”, sostuvo.

Violación a la jurisprudencia de la Corte Suprema

Vadillo advirtió que el nuevo esquema contradice de manera directa el fallo “CEPIS c/ Ministerio de Energía” (2016) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La Corte fue clara: las tarifas deben ser razonables, graduales, previsibles y proteger a los usuarios vulnerables. Este sistema hace exactamente lo contrario: elimina la gradualidad, desconoce la capacidad de pago real y transforma un derecho social en un beneficio precario y revocable”, remarcó.

La trampa digital

Otro punto crítico es el procedimiento de acceso al subsidio, basado exclusivamente en una inscripción digital con carácter de declaración jurada, cruces automáticos de datos y sin instancias presenciales efectivas.

“Si el Estado se equivoca, te quitan el subsidio primero y después te arreglás para reclamar. Para jubilados, adultos mayores y personas sin acceso digital, esto es una expulsión directa del sistema”, afirmó.

Finalmente, Vadillo enumeró una serie de medidas urgentes que deberían adoptarse para evitar una crisis social por tarifas energéticas:

“Exigimos una revisión integral de los topes de consumo con criterios climáticos y familiares reales, el restablecimiento de una segmentación efectiva por ingresos, mecanismos presenciales de inscripción y apelación, notificación previa antes de cualquier quita de subsidio y excepciones amplias por salud, electrodependencia y vulnerabilidad social”.

Y concluyó: “Sin estas correcciones, el llamado ‘nuevo esquema de subsidios’ quedará en la historia como lo que realmente es: el final de los subsidios para la clase media y los sectores populares, y una violación al derecho humano de acceso a los servicios públicos esenciales de electricidad y gas”.