Cornejo en el inicio del año judicial: "Garantizar justicia es un compromiso central del Estado"

El gobernador Alfredo Cornejo, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, dieron inicio al año judicial. En la oportunidad, el mandatario puso en valor el rol del sistema judicial como un eje central de la gestión, enfocado en brindar respuestas concretas a la ciudadanía.

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Durante la actividad, el mandatario aseguró que “este no es un acto más: es una oportunidad para reafirmar un compromiso central del Estado, que es garantizar justicia, y hacerlo con resultados concretos”. En ese sentido, señaló que “la calidad de un sistema judicial no se mide solo por sus normas, sino por su capacidad real de dar respuestas a la ciudadanía”.

Cornejo sostuvo que desde el Gobierno provincial se ha asumido que “la seguridad y la Justicia forman parte de una misma política pública”, impulsando una agenda con foco en “más cercanía con la gente, más eficiencia en los procesos y más herramientas para enfrentar el delito”.

En ese sentido, destacó la creación de la Unidad de Asesoramiento y Representación Jurídica a la Víctima del Delito mediante la Resolución 1946, una medida que, según explicó, implica un cambio de enfoque al entender que “la contención de la víctima no se agota en el acompañamiento social o psicológico, sino que se completa cuando el Estado garantiza su acceso efectivo a la justicia”.

El Gobernador detalló que actualmente el Estado provincial ya asumió la representación de 68 víctimas en querellas por delitos graves, lo que “no solo brinda tranquilidad a quienes han sufrido un delito, sino que también fortalece la legitimidad del sistema judicial”. Estas acciones forman parte de una política integral que ya registra más de 6.400 intervenciones en toda la provincia, alcanzando a víctimas directas y a sus entornos familiares.

Asimismo, señaló que se han fortalecido las herramientas de protección en materia de violencia de género, alcanzando durante 2025 la instalación de 561 dispositivos duales, “lo que representa una herramienta concreta para prevenir situaciones de riesgo”.

En relación con la resolución alternativa de conflictos, indicó que durante el último año se realizaron 74 mediaciones judiciales y 27 voluntarias, promoviendo instancias de diálogo que evitan la judicialización innecesaria. A esto se suma la puesta en marcha de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial, con 63 profesionales distribuidos en las cuatro circunscripciones judiciales.

Sobre este punto, explicó que en 2025 se llevaron a cabo 22.046 trámites en aproximadamente 220 días hábiles, con un promedio de 100 solicitudes diarias, con una fuerte preeminencia de causas por daños y perjuicios. Además, destacó que “hemos logrado que el 36% de los casos se concilien y no lleguen a tribunales, en una tasa de acuerdos que continúa en crecimiento”. Según remarcó, esto “evidencia una rápida apropiación de la herramienta tanto por parte de los operadores jurídicos como de la ciudadanía”.

El mandatario también puso en valor los principales logros del sistema, entre ellos la descompresión efectiva del Poder Judicial y el autofinanciamiento del modelo, que garantiza su sustentabilidad.

Además, destacó el avance en la gestión integral de secuestros de automotores, señalando que “hemos avanzado en la gestión integral de secuestros de automotores de todo tipo”, lo que permitió erradicar la histórica playa San Agustín y avanzar en una política de descontaminación y disposición final.

Para continuar, indicó que estos vehículos permanecían en promedio diez años en estas playas, y que la nueva política permite “poner orden y agilizar procesos, desocupando a la policía de tareas de custodio de chatarra para apostarla en tareas operativas y policiales, a favor de la seguridad pública”.

También informó que el nuevo sistema digitalizado ya comenzó a funcionar en el Gran Mendoza, con trazabilidad en tiempo real, y que “llevamos 10.000 toneladas compactadas y hemos firmado convenio con los municipios de Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo”.

Por su parte, Garay se refirió a los cuestionamientos sobre la independencia judicial y expresó que “es una crítica que se hace en maneras violentas sobre la independencia del Poder Judicial”. En ese marco, reivindicó los mecanismos institucionales vigentes y consideró que “más allá del mecanismo constitucional de selección de los magistrados, resulta necesario promover un abordaje responsable de estos temas”.

Finalmente, el magistrado destacó los avances en materia de modernización judicial y explicó que la seguridad jurídica y la pacificación social requieren de procesos eficientes: “La seguridad jurídica y la pacificación social no dependen solo del juez, sino de un proceso bien gestionado”.

Garay hizo referencia a nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y el acceso a la Justicia, al señalar que “estamos finalizando un sistema de subasta electrónica para mayor transparencia”.