Denuncian entrega ilegal de agua en Luján y piden anular pozos de riego

El Partido Verde, a través del diputado provincial Emanuel Fugazzotto, presentó este lunes un recurso de revocatoria con medida cautelar para frenar lo que consideran una “entrega ilegal de agua” en Luján de Cuyo. La acción fue interpuesta ante el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación y la Fiscalía de Estado, y exige la nulidad de la resolución 125/2025, que autorizó la perforación de nueve pozos en áreas donde rige una prohibición expresa.

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“El superintendente Sergio Marinelli autorizó perforaciones en un área donde durante más de 30 años se prohibió entregar agua subterránea por riesgo de colapso del acuífero. Incluso en 2024 se ratificó la restricción hasta 2026. Hoy, de golpe, aparecen nueve pozos autorizados para empresarios amigos del poder”, denunció Mario Vadillo, presidente del Partido Verde.

La resolución permite el riego de casi 600 hectáreas en Agrelo, una zona donde el uso del acuífero estaba vedado por razones técnicas y ambientales. Desde el Partido Verde denuncian que la autorización fue otorgada sin nuevos estudios, sin audiencia pública y sin participación ciudadana. “Esto no es agua: es poder, tierra y negocios. Y eso no puede quedar impune”, remarcó Vadillo.

Acusan beneficios a empresarios vinculados al poder

Entre los beneficiarios figuran grandes firmas como Cresud (del grupo IRSA, presidido por Eduardo Elsztain), Chimpay La Rioja S.A. (vinculada al empresario Young Woo) y Grappolo S.A., propiedad de Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina. También se incluyen personas físicas con padrones en zonas estratégicas de Agrelo.

“Están convirtiendo tierras áridas en viñedos premium que ahora valen millones de dólares, gracias a la firma de Marinelli”, denunció Fugazzotto, quien advirtió que este tipo de maniobras profundizan la desigualdad en el acceso al agua.

En el recurso, el Partido Verde señala que este accionar de Irrigación podría causar un “daño irreparable” al medio ambiente y al acuífero, y afectar directamente a usuarios que sí respetan las restricciones hídricas. “El agua es un derecho colectivo, no un premio para empresarios cercanos al poder político”, sostuvo el legislador.

Una resolución contra la evidencia

El reclamo también expone que en diciembre de 2024 el propio Tribunal Administrativo de Irrigación, mediante la resolución 1108, había prorrogado por dos años la restricción de perforaciones en la zona, en base a informes del Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto de Hidrología de Llanuras Dr. Eduardo Usunoff (IHLLA) y la Dirección de Asuntos Legales del organismo.

Pese a ello, la Dirección de Gestión Hídrica abrió la puerta a una “reinterpretación” de los datos a comienzos de este año, que derivó en la autorización de las perforaciones. “Cambiar una política hídrica por conveniencia y sin transparencia institucional es gravísimo. El gobierno provincial está avalando un saqueo del recurso más valioso de Mendoza”, sentenció Vadillo.

Exigen nulidad y transparencia

El recurso presentado por el Partido Verde solicita:

• La suspensión inmediata de la resolución 125/2025.
• La nulidad de las nueve perforaciones aprobadas en la zona restringida.
• La publicación de todos los informes técnicos, listados de beneficiarios y fundamentos de la decisión.
• Garantías para la preservación del acuífero y el derecho al ambiente sano para las generaciones actuales y futuras.

“Vamos a llegar hasta el final. No vamos a permitir que conviertan Irrigación en una escribanía. El agua es de todos los mendocinos y no se negocia”, concluyó Vadillo.