Vecinos del barrio Unión y Fuerza fueron recibidos por legisladores
Los legisladores se reunieron con los habitantes del complejo habitacional que fueron desalojados por la Policía.
El pasado 4 de febrero, 138 familias que se disponían a ocupar unos terrenos en el barrio Unión y Fuerza, ubicado en Higuerita y Mendoza, de Buena Nueva, fueron desalojados por la Policía de Mendoza en una jornada confusa, que terminó con varios detenidos.
Según argumentaron los vecinos, "la Policía arremetió contra ancianos, mujeres embarazadas y niños que se encontraban en el lugar, sin exhibir ninguna orden de desalojo”. Asimismo, plantearon que, en el momento en que se produjeron los hechos, se encontraban limpiando los terrenos que habrían comprado de buena fe. Según comentaron, "los lotes fueron adquiridos a un tal Juan Carmona”. La jornada dejó como saldo nueve detenidos, que horas más tarde fueron liberados.
Por su parte, el fiscal Juan Ticheli, a cargo de la causa, explicó que "difícilmente los vecinos hayan comprado los lotes de buena fe porque conocen al dueño, Mario Alberto Case, que es quien realizó la denuncia, y no Juan Carmona”.
Escucha a los reclamos
En el salón Ricardo Rojas del Anexo de la Legislatura Provincial, la Comisión de Derechos y Garantías recibió esta semana a vecinos del barrio Unión y Fuerza.
Participaron de la reunión los senadores Samuel Barcudi (FPV-PJ), Mariana Caroglio (UCR), Olga Bianchinelli (FPV-PJ), Luis Bohm (FPV-PJ), Eduardo Bauzá (FPV-PJ), Guillermo Amstutz (Unidad Popular) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur). Los legisladores se interiorizaron sobre lo que sucedió en el predio del departamento de Guaymallén.
Algunos de los vecinos que asistieron a la reunión detallaron su postura. "Nosotros compramos el terreno en buena ley al propietario del predio, no tenían porque tratarnos de esa manera.
Exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, tenemos un boleto de compra y venta para justificarlo. Le entregamos el dinero a una persona de apellido Carmona”, detalló una de las presentes.
Anteriormente, Bohm había desarrollado un pedido de informe solicitando al Ministerio de Seguridad, a la Inspección General de Seguridad y al Procurador General de la Suprema Corte informen sobre el accionar de efectivos de la comisaría 35 y Oficina Fiscal 19 de Rodeo de la Cruz, que es la que intervino en el conflicto.
Barcudi, por su parte, comentó que se van a citar a las autoridades para que den explicaciones sobre el suceso.
